REGIDORES PIDEN AL DNI Y DEMÁS AGENCIAS DEL GOBIERNO QUE INVESTIGUEN ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BOCA CHICA.


Por Logan Jimenez 

Boca Chica.- Cuatro de 11 concejales del Ayuntamiento de Boca Chica piden a los organismos de inteligencia del estado que investiguen cada movimiento que hacen las autoridades actuales que dirigen el cabildo, ya que muchas de sus operaciones supuestamente no están muy claras. 


El presidente del consejo de regidores Frank Ozuna luego de ser un hombre de extrema confianza del alcalde Radhames Castro pasó a ser el más enérgico opositor, por alegada mala administración y supuesta falta de transparencia que ostenta la actual gestión municipal de Boca Chica. 

Ozuna determinó que es penoso que de once regidores, solo cuatro están buscando la transparencia de los fondos que son propiedad del estado dominicano. 

Enfatizó que, “no perimirán que la playa más hermosa del país y de la región del caribe sea convertida en una cloaca, ya que si el vertedero de tumba sigue creciendo no tendremos turistas, ni vacacionistas en la zona”.

Los regidores Valentín Moreno, Jheyson García, Pancracio Sosa y Frank Ozuna, agregaron durante realizaban un recorrido en el vertedero de Tumba que está ubicado en la jurisdicción de Boca Chica, que por encima de sus cadáveres es que pasarán los camiones del gran Santo Domingo para verter sus desechos. 

Determinaron que responsabilizan al alcalde Radhames Castro y a sus funcionarios de cualquier cosa que les pueda pasar, ya que seguirán en pie de lucha en defensa de los intereses del pueblo bocachiquense. 

En Tanto Valentín Moneró añadió: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría de Medio Ambiente, el consejo estatal del azúcar y el propio presidente Danilo Medina tienen que realizar una exhaustiva investigación para determinar las violaciones al contrato hecho por el cabildo y el propietario de la empresa Tumba SRL gerenciada por el brasileiro Max Da’ Silva. 
Se recuerda que en estos últimos días el ayuntamiento de Boca Chica ha sido objeto de críticas de un alegado robo de chatarras en el departamento de Ornato, el desalojo y reubicación de los vendedores de frituras. Ahora se suma el tema del supuesto contrato de basura entre el cabildo y la empresa de Tumba. 



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