Por José Thomas
San Cristóbal. El abogado José Tamares Taveras, quien en 2005 representó en los tribunales a la señora Eduvige de la Cruz Mosquea, viuda del español Adolfo Justo Cervantes Arellana (Wikiki) asesinado por Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) consideró hoy que le resulta “sospechoso” que la de la Cruz Mosque desistiera de la acción pública contra Quirinito quien está condenado a treinta años de prisión por ese caso.
Reveló Tamares Taveras que sus sospechas son fundamentadas porque durante el tiempo que asistió jurídicamente a la viuda del español asesinado ésta le manifestaba que sentía mucho temor por la gravedad del caso ya que tenía pocos familiares en San Cristóbal y que le resultaba incómodo tener que viajar constantemente desde España para asistir a las audiencias.
En cuanto a la actual situación de Quirinito consideró que la juez de la Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, Aleyda Jiménez Acosta, violó la ley al no notificar a la parte civil antes de ordenar prisión domiciliaria a Pedro Alejandro Castillo Paniagua. “Notificar a los familiares de las víctimas es normativo en ese tipo de decisiones, pero la magistrada sospechosamente no lo tomó en cuenta”, dijo el abogado.
“Ni la señora Cruz Mosquea, ni yo como su representante legal recibimos nunca una notificación de la jueza a la hora de variar la medida y hasta la fecha no existe ningún documento donde indique que a la parte civil se le convocara para que diera su opinión al cambio de modalidad en beneficio del interno”, expreso.
Agregó que Código Procesal Penal en el Artículo 83 establece que las víctimas deben ser notificadas de todos los actos que intervengan en el proceso, tengan o no interés en el mismo.
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió a la jueza de la ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, Aleyda Jiménez Acosta, luego del escándalo de la fuga de Quirinito, quien supuestamente habría fallecido, sin embargo, el Ministerio Publico dice tener evidencias de que no es así.
También fue suspendido por el mismo caso Willy de Jesús Núñez, juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, quien lo traslado hacia San Francisco de Macorís, para que alegadamente esté cerca de sus familiares.
Además del CPJ, la Policía Nacional y el Ministerio Publico han interrogado a más de 17 personas en relación a ese caso, tanto en esta ciudad como en otras provincias del país.
.jpeg)
.jpeg)
0 Comentarios