REDACCIÓN
Los principales hechos que marcaron el año 2017 aparecen como signos del agotamiento del modelo de gobernanza dominicano. Los mismos desafíos sociales, políticos y económicos de años anteriores se repitieron este año, dando la impresión de estar dando vueltas sin sentido en el bosque de los problemas nacionales, sin marcar un rumbo claro hacia un nuevo modelo social. Muchos discursos de progreso social, estrategias, políticas, pactos y proyectos concertados, pero las prácticas de gobierno terminan siendo las mismas que por años la población ha estado exigiendo cambiar.
Los principales hechos que marcaron el año 2017 aparecen como signos del agotamiento del modelo de gobernanza dominicano. Los mismos desafíos sociales, políticos y económicos de años anteriores se repitieron este año, dando la impresión de estar dando vueltas sin sentido en el bosque de los problemas nacionales, sin marcar un rumbo claro hacia un nuevo modelo social. Muchos discursos de progreso social, estrategias, políticas, pactos y proyectos concertados, pero las prácticas de gobierno terminan siendo las mismas que por años la población ha estado exigiendo cambiar.
Estas consideraciones se hicieron en el marco del primer Análisis de Coyuntura del 2018 organizado por el Centro Montalvo, el nuevo nombre que identifica a los centros sociales de la Compañía de Jesús en el territorio dominicano.
Estos son los resultados del análisis.
Lo más novedoso del año 2017 no provino de la esfera gubernamental ni de los mercados y las empresas dominicanas, sino de la sociedad: la Marcha Verde ha sido el movimiento social más multitudinario de la historia dominicana, el más amplio sentimiento nacional contra la corrupción y la impunidad de los últimos 50 años. Su gran convocatoria también puede tenerse como un signo del agotamiento del modelo de gobernanza dominicano.
Sin embargo, el grito contra la impunidad y la corrupción no ha tenido una respuesta efectiva y contundente por parte de sistema de justicia, el cual también se desfigura sin dar muestra de la independencia de poder que se le asigna constitucionalmente. Esto resulta más grave aún cuando la firma brasileña Odebrecht, símbolo continental de la corrupción y la desinstitucionalización y uno de los blancos claros de la Marcha Verde, ha declarado en otros tribunales que su centro de sobornos funcionaba en suelo dominicano por las facilidades que aquí se ofrecían.
Desde el punto de vista económico, la economía experimentó una notoria desaceleración en el 2017. El crecimiento de este año está por debajo del promedio mostrado en el trienio 2014-2016. Son malas noticias para los mercados, para quienes luchan por la justicia económica y también para el clientelismo político.
Lo más preocupante sigue siendo el irresponsable e insostenible ritmo de endeudamiento externo del país, el cual se usa, entre otras cosas, en malgasto público, en inversiones y en nóminas abultadas, en muchos casos justificando múltiples y disfuncionales instituciones estatales. Esta práctica, en ocasiones tiene objetivos desmovilizadores, más que generar empleos productivos y redistribuir bienestar.
Desde el punto de vista político, el panorama parece ser menos alentador aún. Los dos partidos mayoritarios se debilitaron parcialmente por pugnas internas con vistas a las candidaturas de 2020. Esto trajo como consecuencia, entre otras cosas, que no se pudieran aprobar dos leyes imprescindibles para transparentar el proceso electoral dominicano: la ley de partidos y la ley electoral. Nuevamente el poder legislativo queda en déficit con la sociedad: se sigue posponiendo la aprobación de leyes fundamentales para mejorar la democratización del sistema político del país, mientras se mantienen los repartos de privilegios y exoneraciones irritantes. El sello gomígrafo del Congreso con los contratos de deuda y venta de activos estatales sigue siendo más de lo mismo, signo inequívoco de que poco o nada avanzamos en la calidad de la representación congresual.
Desde el punto de vista social, en el 2017 hay dos elementos que se reafirman como preocupantes para la ciudadanía: la seguridad y la salud. Continúa en aumento la sensación de inseguridad y desprotección social; los asaltos se siguen dando a la plena luz del día.
Igualmente, los esfuerzos de dotar de seguro de salud a la población no se ven correspondidos con un sistema hospitalario y servicios médicos de calidad que respondan eficientemente a las necesidades sanitarias. Por esta razón, un grupo de organizaciones sociales ha formado un nuevo espacio de reclamo de derechos en torno al tema de la salud. Eligió como nombre Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
Desde el punto de vista cultural, sigue siendo un desafío la calidad educativa. Los esfuerzos que ha hecho el gobierno gracias a la adjudicación presupuestaria del 4% del PBI a educación no acaban de mostrar sus frutos. Ciertamente, es pronto para cosechar resultados, pero las tendencias de mejora de la calidad deberían ya verificarse.
Cabe señalar que este proceso se ve empañado por un exceso de propaganda y mercadeo social que parece más politiquería que comunicación educativa. Ejemplo de ello son los abundantes anuncios de la “República Digital” versus las verdaderas realizaciones. Una vez más, el acento de la educación se pone en los medios y la tecnología, y no en las personas y en las culturas dominicanas, bajo los mismos espejismos de la ideología del progreso.
Otro signo de agotamiento cultural tiene que ver con la disolución de la entereza ética. Los mismos males que se suelen denunciar al tren gubernamental se repiten en todos los niveles sociales. No solo hay corrupción, ineptitud y afán de lucro en el gobierno. La sociedad misma parece sumida en un torbellino del “sálvese quien pueda”.
En este contexto, el principal dilema que tienen las fuerzas sociales y políticas que le apuestan al cambio es darse un espacio y una dirección con capacidad de representar y vincularse a esa amplia franja de ciudadanía que demanda cambios reales.
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