El grupo, que seguirá guardando prisión en centros penitenciarios de la región sur del país, presuntamente formaba parte de una poderosa red dedicada a esa actividad criminal, que fue desmantelada durante un operativo simultáneo en La Romana y San Juan, el más grande realizado el pasado año en el país.
SAN JUAN, RD.- El Ministerio Público logró que fuera rechazada la variación de la medida de coerción de prisión preventiva impuesta el pasado año a cuatro personas que presuntamente se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual en establecimientos de las provincias San Juan y La Romana, que fueron incautados y clausurados provisionalmente por las autoridades y rescatadas 49 dominicanas, venezolanas y haitianas víctimas de esa actividad ilegal.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Juan rechazó la petición de los abogados de la defensa de los imputados Maribel García Herrera y su esposo Ángel Emilio Puello (Papiro), Ángela del Carmen García (Angely) y Lourdes Anadelia Hernández Hernández, quienes solicitaron que fuera variada la medida de coerción de prisión preventiva que le fue impuesta por una garantía económica de RD$50 mil a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Ante la decisión del tribunal, las imputadas Maribel García Herrera, Ángela del Carmen García y Lourdes Anadelia Hernández Hernández deberán seguir cumpliendo la medida de coerción de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres, en la provincia Peravia, y Ángel Emilio Puello en la cárcel pública de San Juan.
Por su vinculación a esa actividad ilícita también son procesados y guardan prisión preventiva los encartados María Martínez Morel (Mary y/o La Rubia), en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya de Higüey, provincia La Altagracia, y Alex José Feliciano en el CCR Cucama de La Romana, en tanto que garantías económicas fueron impuestas a Juan Isidro Mercedes por un monto de RD$10,000, a Pedro Guante por RD$300,000, a Miguel Desiré por RD$100,000 y a Marino Leonardo por RD$3,000,000, además de que se le impuso a estos cuatro últimos impedimento de salida del país y presentación periódica.
En relación a Juan Isidro Mercedes dijo que tras ser sometido a la justicia el pasado año la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana le impuso prisión preventiva, siendo la misma variada este año por este mismo tribunal a solicitud del Ministerio Público, tomando en cuenta su edad de 70 años y enfermedades preexistentes, dentro de las medidas preventivas adoptadas por la Procuraduría General de la República para garantizar la salud de los privados de libertad en el sistema penitenciario nacional ante la pandemia del coronavirus (COVID-19), sobre todo de los más vulnerables por su edad y condición de salud.
Se recuerda que los imputados, todos de nacionalidad dominicana, están vinculados a una red de trata de personas que fue desmantelada el pasado año durante un operativo simultáneo ejecutado mediante orden judicial en las provincias de La Romana y San Juan, durante el cual fueron incautados y clausurados provisionalmente varios establecimientos que se presume eran utilizados en esa práctica ilegal.
En ese sentido, indicó que en el transcurso de la investigación se procedió a ocupar y a cerrar de manera provisional los negocios La China Bar y el Centro Cervecero D´Caché que funcionaban en La Romana, ambos propiedad del imputado Marino Leonardo, quien se lo había alquilado a la también imputada María Martínez Morel (Mary y/o La Rubia).
De igual manera, dijo que también fue secuestrado y clausurado temporalmente el centro de diversión El Canal y/o Disco Terraza El Canal que operaba en la provincia San Juan y Disco Terraza La Rejilla y La Rejilla Ella y Él, ambos ubicados en La Romana, pero, vinculados con el caso de la provincia San Juan, inmuebles propiedad de la imputada Maribel García Herrera.
A través de un comunicado de prensa el MP informó que la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en el proceso judicial contra el grupo ofrece asistencia a las fiscalías de San Juan y La Romana, quienes presentaron acusación en ambas jurisdicciones contra todos los imputados por la presunta violación de los artículos 3, 6 y 7 inciso A, C y D de la Ley No. 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En ese sentido, precisó que están a la espera de que los tribunales de Atención Permanente de San Juan y La Romana fijen la fecha de la audiencia preliminar para el conocimiento de la acusación presentada por el Ministerio Público.
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