El tiempo ha dado la razón a Huchi Lora.

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata

El tiempo ha dado la razón al periodista Huchi Lora en el enfrentamiento legal que tuvo con el ingeniero Diandino Peña cuando reclamó públicamente transparencia y pulcritud al inicio de la construcción del Metro de Santo Domingo.

El conflicto surgió entre el destacado periodista y Diandino Peña cuando el comunicador solicitó copias de los planos, licitación y presupuesto del Metro de Santo Domingo, a lo que el ejecutor de la obra se negó rotundamente teniendo el comunicador que recurrir a la justicia.

El tiempo ha dado la razón al periodista investigador cuando una auditoría de la Cámara de Cuentas dada a conocer recientemente revela que hubo irregularidades por miles de millones de pesos en la construcción de la segunda etapa del Metro de Santo Domingo.

La obra iniciada durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina revela que hubo acciones incorrectas que abultaron los costos operacionales en franca violación a las leyes del país.

Entre ellas figuran la falta de planificación en la contratación y ejecución de un puente así como en la ejecución del contrato de dirección técnica y supervisión por la empresa designada para tales fines. Asimismo, en el inicio de los trabajos previos al proceso de compra, sin contrato entre las partes.

Al informar sobre el resultado de la auditoría también se informa sobre irregularidades en adendas a contratos que sobrepasan el 25% establecido por ley, por RD$227,180,252; incumplimiento en póliza de avance por RD$86,271,672, monto de la primera cubicación inferior al avance otorgado, por RD$108,410,318.

Pagos superiores al monto contratado

Además, obras que presentan pagos superiores al monto contratado, por RD$7,832,844. No inclusión del 1% de Ley 6/86 en los presupuestos y cubicaciones de las obras, por RD$2,021,297 y RD$7,819,618. Además falta e inadecuada retención de la Ley 6/86, por el monto de RD$7,408,620, póliza de garantía de vicios ocultos por montos inferiores a lo establecido por ley, por el monto de RD$33,458,626, falta de póliza de garantía de vicios ocultos, por el monto de RD$49,285,722.

También establece obras que presentan cantidades cubicadas superiores a las ejecutadas en campo (RD$16,006,259), expedientes de contratos carentes de documentación soporte (RD$14,638,152,328) y procedimientos de contrataciones sin evidencia de publicaciones de convocatorias (RD$6,296,778,314).

Asimismo, garantías presentadas fuera de plazo (RD$380,069,575), pliego de procedimiento de selección incorrecto (RD$43,169,848), contratación de proveedor único que no cumple con las características de la excepción (RD$23,116,184), suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios fuera de plazo, por montos contractual de RD$69,406,207.

Otros hallazgo fueron procesos ejecutados basados en urgencias sin cumplir con los requisitos estipulados, por RD$5,022,079,047, adendas a contratos con montos que exceden el máximo permitido por Ley, por RD$156,354,437.

Conflictos de intereses

Además, servicios brindados que generan conflicto de interés, empleado de la Opret intermediario de contratistas, servicios de notario, por RD$126,000 mensuales, adjudicación de contrato sin estar al día con sus obligaciones fiscales, por RD$20,571,882, empresas contratadas con firmas diferentes en documentaciones, por RD$16,728,458, falta de autorización para la expropiación de terrero, ausencia de manuales, políticas y/o procedimientos para expropiaciones, entre otras irregularidades.

Ha quedado demostrado que el periodista Huchi Lora tenía toda la razón cuando en su momento reclamó transparencia y pulcritud en la ejecución de la obra de transporte masiva, por lo que corresponderá a la justicia aplicar las sanciones de lugar y hacer que se devuelva al Estados los montos sustraídos por las acciones dolosas.