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lunes, 16 de abril de 2018

MAPRE deja conformada su Comisión de Ética Pública; entrega buzones para depositar denuncias de irregularidades

REDACCIÓN 

Santo Domingo.- El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) dejó formalmente conformada su Comisión de Ética Pública (CEP), dando así cumplimiento al decreto 143-17 emitido en agosto pasado por el Poder Ejecutivo en ese sentido.

La misma está compuesta por Awilda Filpo, Betsaida Hernández, Martha Sánchez, Jorge Capellán, Newton Objio, Blas Reyes, Javier Blanco y Daniel Mena, todos empleados del Palacio Nacional.

El viceministro Administrativo y Financiero Lionel Sénior, en representación del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, reconoció al Comité de Ética Pública del MAPRE e hizo entrega de los buzones que serán instalados en diferentes lugares de la Casa de Gobierno.

Estos buzones servirán para que cualquier empleado, de manera escrita deposite sus denuncias de lugares que entienda se estarían cometiendo algún tipo de irregularidades.

Con la conformación de su Comité de Ética Pública, organismo de carácter cívico, el Ministerio Administrativo de la Presidencia promueve valores, principios y normas de conducta a lo interno de esa institución estatal.

Decreto
En agosto pasado, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 143-17, con el objetivo de promover una conducta ética en todas las instancias del Gobierno e incrementar el grado de transparencia en las distintas instituciones estatales.

El decreto en su artículo uno señala: “Las comisiones de éticas públicas tienen como objeto fomentar el correcto proceder de las servidores públicos de la institución a la que pertenezcan, promover el apego a la ética, asesorar en la toma de decisiones y medidas institucionales apegadas a la ética pública y normas de integridad, asesorar en la disposición de procedimiento y normativas que contribuyan a crear un ambiente de integridad, transparencia y rendición de cuentas oportuna”.

Mientras que su artículo dos instruye a los directivos titulares de las instituciones públicas del Gobierno central a crear y a mantener vigente una comisión de ética pública en la sede de la institución bajo su dirección.
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