Organizaciones realizan seminario sobre los conflictos de uso de suelo de Boca Chica.
LA CALETA, BOCA CHICA.- Autoridades del municipio de Boca Chica así como comunitarios afectados por amenazas de desalojos y desalojos arbitrarios e ilegales participaron en un seminario organizado por la Red Urbano Popular (RUP) en el que se analizó el reciente aumento de los conflictos por el uso del suelo.
De acuerdo a la RUP, espacio que articula a más de 200 organizaciones, actualmente los desalojos se han intensificado debido a varios factores, entre ellos, el crecimiento económico de la zona tras convertirse en polo turístico; los intereses de las empresas inmobiliarias; los trabajos de ampliación de la autopista Las Américas así como el estado de abandono del antiguo ingenio azucarero.
Al evento asistió la diputada Josefa Castillo, quien explicó los tres tipos de conflictos que se están dando en torno a la tenencia de suelo en Boca Chica. El primero, de carácter privado, involucra a familias propietarias de grandes cantidades de tierra. En este caso los problemas son de herencia o con otras familias que tienen un largo tiempo asentadas informalmente en esos terrenos.
Por otra parte, existen hogares están regularizando su situación de tenencia pero presentan retrasos en sus pagos. Actualmente existe una supuesta comisión del CEA que se ha dado la tarea de hostigar y en algunos casos despojar a familias vulnerables de sus viviendas y terrenos.
Por último, existe el conflicto entre la comunidad y personas que pretenden comprar terrenos del CEA a precios irrisorios con el objetivo de venderlos a privados. Estos terrenos tienen un interés social, algunos están ocupados por familias que tienen arraigo en la zona y otros son lugares de oportunidad para la construcción de equipamientos y servicios básicos que son inexistentes en Boca Chica. Estas ventas se encuentras detenidas en el Congreso.
“Estamos claramente ante un conflicto de poder, un contubernio entre actores públicos que pretenden lucrarse aprovechando sus posiciones de privilegio frente a una comunidad que se encuentra altamente vulnerada", expresó la diputada.
En el seminario también se presentó una investigación realizada por Ciudad Alternativa que determinó que la amenaza de desalojo se extiende al 53% de las familias que han adquirido sus viviendas, mientras que las familias que se encuentran en situación de tenencia irregular son amenazados o desalojados violando los artículos 47 y 48 de la Ley de Registros Inmobiliario así como el Código Civil Dominicano y la Constitución de la República.
Por su parte, la RUP propone una solución al conflicto. “Hemos elaborado una propuesta de resolución que se encuentra en manos del Cabildo de Boca Chica en la cual se declara al municipio y al distrito municipal de La Caleta libre de desalojos arbitrarios e ilegales. Esta resolución está avalada por la Constitución Dominicana y el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC) como forma de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.”
Recuerdan que este conflicto suscitado en Boca Chica en torno a los terrenos del CEA tiene un similitud con otros conflictos de suelo que han salido a la luz pública en los últimos años como es el caso de Los Tres Brazos y de Haina, por lo que por parte de las organizaciones se está dando un proceso de unificación de la lucha.
Las organizaciones presentes manifestaron que tanto el alcalde por el municipio de Boca Chica, Radhamés Castro, así como el director del distrito municipal de La Caleta, Máximo Soriano, apoyan la iniciativa de la resolución propuesta por la RUP. Las organizaciones y familias afectadas hicieron un llamado al Consejo de Regidores para que asuman esta iniciativa que pretende garantizar el derecho de los munícipes a una vivienda digna y segura.
El seminario también contó con la asistencia del alcalde de Boca Chica, Radhamés Castro, el dirigente comunitario Julio César Asencio del Movimiento Comunitario Boca Chica Ahora o Nunca; el activista social Emilio Antonio Gil y Ángel Serafín Cuello, de Ciudad Alternativa, además de la asistencia de decenas de familias afectadas por el conflicto. Fueron invitados aunque no asistieron al encuentro, el ex-gobernador de la provincia de Santo Domingo y el director del CEA, Pedro César Mota Pacheco.
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