SANTIAGO.- Abogados y familiares de personas que fueron sometidas a la Justicia por algún delito, pero que fueron favorecidas con sentencias de Tribunales de esta ciudad, pidieron a la Suprema Corte de Justicia ordenar una investigación en Santiago, debido a que sus defendidos o parientes no reciben las notificaciones de apelación o no de parte del Ministerio Público, algunas de las cuales fueron solicitadas hasta hace tres meses, cuando éstas no deberían durar más de 48 horas, en el caso hipotético de que el fiscal no se oponga al veredicto.
Los denunciantes informaron que personas que fueron favorecidas con el impedimento de salida del país, hace más de dos meses, no pueden viajar porque el área administrativa del Tribunal que conoció el Auto o la Sentencia, no hace entrega de la certificación solicitada por la defensa o los familiares de los sometidos a la Justicia.
Precisaron que eso hace que personas que fueron libertadas por algún Tribunal se mantengan en prisión, debido a que no se conoce la posición del Ministerio Público, aunque éste, como es el caso de Santiago, el fiscal general, que es Osvaldo Bonilla, siempre fija a tiempo su posición de apelación o no de una sentencia.
La señora María Peña, una de los denunciantes, dijo que un pariente suyo tiene casi tres meses que el Juzgado de la Segunda Instrucción de Santiago le levantó el impedimento de salida, pero no puede salir por falta de la certificación de no apelación.
Indicó que tiene conocimiento que el fiscal de Santiago fijó su posición, no apelando a la sentencia, porque entendió que no había motivo para oponerse, pero la defensa y sus familiares siguen esperando la referida certificación.
“Por esa razón no puede viajar a Estados Unidos, donde tiene su residencia”, agregó la dama. Dijo que cuando se hace la solicitud, la persona se hace la idea que el problema será solucionado en dos días, pero no ocurre así, aunque lo correcto es que se entregue el mismo día por tuno.
Y dijo: “Tenemos la información de que eso ya no es responsabilidad de los jueces, sino del departamento administrativo, llámese Secretaría o como lo identifique la Justicia, el cual está bajo las órdenes de un coordinador o coordinadora”.
Observó que en esa deficiencia también debe intervenir el Ministerio de Administración Pública (MAP), en virtud de que se trata de servidores públicos que trabajan bajo la orientación de ese organismo.
Los denunciantes dicen que algunos de los favorecidos con el levantamiento de impedimento de salida del país, fueron sometidos a la Justicia por armas de fuego con permisos vencidos, pero registradas en el Ministerio de Interior y Policía.
Los abogados, que dijeron presentaron quejas en la Suprema Corte de Justicia, afirmaron que normalmente los tribunales dan plazos de ocho a diez días al Ministerio Público, para que éste fije su posición de apelación o no a una determinada sentencia.
Explicaron que los abogados formulan las solicitudes por escrito, casi siempre, pero también lo hacen de manera verbal, porque se supone que las Secretarías que reciben los documentos, deben proceder a la mayor brevedad posible y no dejarlo al olvido.
La señora Peña dijo que su pariente tiene todas las documentaciones emitidas por las autoridades judiciales para que éste pueda viajar, pero hace falta la certificación de no apelación del fiscal de Santiago, que tiene más de dos meses que el magistrado la envió al Tribunal correspondiente.
“Ya sabemos que eso no es culpa de los jueces, sino de algunos de los técnicos de cada Tribunal, en este caso, del Juzgado de la Segunda Instrucción de Santiago”, explicó.
Algunos de los abogados dijeron que hay algunos de sus colegas que son “dichosos”, porque reciben certificaciones de manera rápida.
Observaron que sólo hay que ponerse a pensar la situación de una persona que fue sometida a la Justicia y favorecida con una sentencia, pero que debe permanecer retenida uno o tres meses más, porque los responsables de confeccionar las certificaciones para la libertad, no lo hacen a tiempo.
Afirmaron que esa situación está afectando, no sólo a santiagueros, sino a residentes de otras provincias que tienen a parientes en la prisión de esta ciudad.
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