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El pasado 2 de marzo de 2023 Prisoners Defenders presentó, junto a la Vicepresidenta del Parlamento Europeo Dita Charanzová, el eurodiputado Javier Nart, el Senador italiano Giulio Terzi Di Sant'Agata, el Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, Blas Jesús Imbroda y el abogado y opositor venezolano Antonio Ledezma, en el Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española, el contenido de la denuncia que se está presentando ante la Organización de las Naciones Unidas, y que demuestra con todo rigor jurídico la violación sistemática de derechos en todos los casos de prisión política en Cuba, con amplios patrones de violación de derechos fundamentales en todas las fases del proceso penal, desde la detención hasta la imposición de penas. Con más de 5.000 folios de un trabajo jurídico en el que han intervenido más de 10 juristas, la denuncia marco que referencia a todos los casos puede ser examinada con detalle en 5 idiomas:Denuncia en español (ES)
También está disponible un resumen ejecutivo de la denuncia en español e inglés:FACTSHEET ES (español)
FACTSHEET EN (inglés)
FACTSHEET IT (italiano)
Las violaciones comunes encontradas en todos los ya más de 400 casos analizados en profundidad en la denuncia son las siguientes:Ausencia de tutela judicial para la privación cautelar de la libertad, como ampara la Ley del Proceso Penal en Cuba que, en una burla de definición procesal normativa, denomina “Instructor Penal” a un policía de la Seguridad del Estado, pudiendo éste mantener en prisión provisional al reo hasta el dictamen del fiscal sin que en caso alguno sea preceptiva intervención judicial alguna.
Inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba que, siendo todos por definición normativa dependientes orgánica, jerárquica y económicamente del Estado, se suman a la labor de la fiscalía y actúan como fiscales “blandos” en los procesos de persecución política.
Dependencia orgánica absoluta de la jerarquía y los jueces del sistema penal respecto del poder político, amparada en la “Constitución” y las Leyes, ostentada esta atribución por el partido único que la “Constitución” de 2019 define como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” en la única mención que hace de éste, y que se encuentra en manos de una familia desde el inicio de la “revolución”.
Procesos penales en los que todas acusaciones, sin excepción, se sustentan únicamente con “testigos” dependientes del partido comunista y que son articuladas con el fraudulento uso pruebas “periciales” permitidas únicamente al Ministerio de Interior, parte acusadora, que derivan en condenas basadas exclusivamente, por ejemplo, en la supuesta interpretación del olfato de animales (canes), sin que en ningún caso se permitan siquiera pruebas periciales alternativas a los acusados.
Procesos penales donde se criminalizan gravemente y persiguen sistemática y abiertamente un abanico interminable de derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, manifestación o asociación, hasta la salida o entrada del país, la privacidad y otros muchos derechos que hacen imposible el normal desarrollo de la sociedad y un estado justificado de psicosis y pánico permanente de sus ciudadanos.
Uso de tipos delictivos del Código Penal que, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites de cualquier conducta que el régimen desee penalizar, y que ya han sido declarados inválidos por diferentes organismos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como los Desórdenes Públicos, la Desobediencia, el Desacato, el Atentado, la Resistencia, la Sedición, la Instigación a Delinquir, la Peligrosidad social predelictiva, o la Propagación de Epidemia.
Uso habitual de procedimientos penales militares ilegales y/o sumarios altamente violatorios de derechos, hasta el punto de amparar en su definición la ausencia de defensa, el derecho a la contradicción o la mera comunicación de la acusación a las víctimas, al igual que cualquier atisbo de igualdad de armas jurídicas entre las partes, como el procedimiento sumario por Atestado Directo, entre otros, y que permiten condenas firmes con privación de libertad en tan sólo cuestión de unas decenas de horas.
Con cierre de datos a fecha 28 de febrero de 2023, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.066 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva, que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. Sólo en los últimos 12 meses hemos confirmado y añadido a nuestra lista 282 nuevos prisioneros políticos nuevos.
Han entrado este mes de febrero en nuestra lista 11 casos de prisioneros políticos nuevos, fundamentalmente por la persecución de activistas que colaboran solidariamente con las familias de los presos políticos a hacer visible su situación.
Han sido 22 los prisioneros políticos que han salido de nuestra lista este mes, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.
Prisoners Defenders ha podido verificar una lista de 1.066 prisioneros políticos a 28/02/2023. De los 1.066 prisioneros políticos:Siguen en la lista 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia (30 de ellos) o están siendo procesados penalmente (4 de ellos). Hay que tener en cuenta que esta elevada cifra, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas. Buena parte de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”. En estos centros penitenciarios, con celdas, se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas este mismo 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según ha podido confirmar la propia Naciones Unidas.
17 de los menores mencionados están siendo procesados o han sido ya condenados por “Sedición”. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política.
De nuestra lista actual, 210 manifestantes han sido acusados de sedición y al menos 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno.
Aunque han pasado por prisión muchas decenas más, al menos 116 mujeres (incluyendo varias de género trans) siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia han estado y están encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones indescriptibles para su condición sexual. Cabe decir que el nuevo Código de Familias eliminó la patria potestad de los padres y madres y la sustituyó por la “responsabilidad parental”, la cual implica responsabilidad, pero no potestad inalienable, y así permite la suspensión de la "responsabilidad parental" de forma totalmente arbitraria para quienes, sin causa penal o probada alguna, "observen una conducta viciosa, corruptora o delictiva que resulte incompatible". Las palabras "observen" y “conducta” son clave. No indica la Ley que deban tener siquiera una causa penal. Indica que se les "observe una conducta”, una acción valorativa subjetiva del observador, las autoridades cubanas, cuyo objeto de observación es conductual y no penal: "conducta viciosa, corruptora o delictiva". El fin es claro: actualmente las madres y padres en prisión y sus familias son amenazadas con arrebatarles a los hijos por el ejercicio de su libertad de expresión, con base en el nuevo Código de Familias. Esto está pasando con varias de las familias en prisión, como es el caso de Lizandra Góngora Espinosa, con 5 hijos, donde ella y su marido están siendo extorsionados con la amenaza de quitarles la custodia y patria potestad de los hijos si continúan con su defensa de sus derechos humanos.
La clasificación actual de los 1.066 prisioneros políticos en Cuba es la siguiente:787 Convictos de Conciencia
248 Condenados de Conciencia
31 casos de Otros Presos Políticos
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