El pueblo tiene derecho a saber

Mi observatorio:

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata

El pueblo tiene derecho a saber cuál fue el destino, donde fueron a parar finalmente los US$130 millones dólares del ilegal e inconstitucional préstamo de la Sun Land tomado durante uno de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández.

Así es, el pueblo tiene derecho a saber a dónde fueron a parar definitivamente esos recursos que nunca se supo por más que por más que quisieron justificar con distorsiones lograron convencer a la mayoría de los dominicanos.

El único responsable de la desaparición de los recursos millonarios procedentes ese préstamo es el ex presidente Leonel Fernández que todavía, aún no ha podido demostrar y mucho menos convencer al pueblo de que se hizo con ese dinero.

Más allá de los pormenores del asunto del préstamo entre el gobierno dominicano y la Sun Land queremos destacar aquí los principales elementos reveladores de todo este proceso, que es un tema pendiente de ser juzgado en la justicia dominicana.

Es bueno recordar que la acusación que se presentó ante los tribunales, por parte del Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social Alternativo, no fue por el hecho de corrupción y lavado de activos envueltos en la transacción con la Sun Land, sino simplemente porque la misma se realizó sin que ésta fuera aprobada por el Congreso Nacional, tal como lo estipula la Constitución Dominicana.

El caso de la Sun Land es un elemento revelador de las garras de la corrupción enquistada en el Estado Dominicano, con todo su poder económico-partidario.

Ese colectivo de funcionarios corruptos utilizó los recursos públicos, la sobrevaluación de las obras, para mantenerse en el poder y para aumentar los capitales de ese nuevo grupo económico al que pertenece una buena parte del comité político del PLD, así como el líder del PRD minoritario, Miguel Vargas Maldonado.

De hecho según reveló la investigación de Jaime Aristy los 130 millones de dólares envueltos en el préstamo fueron a parar a las empresas de Félix Bautista y a subvencionar la lucha intra-partidaria por la candidatura de Leonel Fernández en contra de Danilo Medina (2007) y la campaña para retener el poder en el 2008.

Según reveló Jaime Aristy Escuder las obras envueltas en la transacción de la Sun Land –Remodelación del palacio de Bellas Artes, los parqueos de la UASD, entre otros…,- fueron pagados dos veces por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); para que eso fuera posible Félix Bautista logró que en el año 2007 se asignaran 2,767.6 millones adicionales al presupuesto de la OISOE. Ese monto adicional fue igual a la suma de los doce Notas Promisorias (pagos) que vencían en el 2007.

Un elemento a tener en cuenta en la operación de la ejecución de las obras, que supuestamente se tenían que construir con el dinero de la Sun Land, es que la empresa Consorcio Hemisferio Imperial, una empresa creada por Félix Bautista en enero del 2007, fungió como principal contratista para manejar los fondos provenientes del contrato con la Sun Land.

El Banco de Reservas, además, se prestó a permitir que un dinero público fuera depositado en la cuenta de una compañía privada y que ese dinero fuera manejado por Félix Bautista y sus compartes, según su discreción y sus intereses partidarios y personales.

El caso de la Sun Land reveló a un presidente –Leonel Fernández- violador de la constitución, al darle un poder a Félix Bautista para negociar un contrato grado a grado, con una multinacional de la construcción por un monto que necesitaba la aprobación previa del Congreso Nacional.

El caso de la Sun Land reveló, además, la postura de un congreso que no asumió su papel de ser un fiscalizador del presupuesto nacional y del dinero público.

De tal manera que cuando el congreso fue excluido por Leonel Fernández de conocer y aprobar la transacción envuelta en el contrato con la Sun Land,simplemente se quedó callado y renunció a su función de contralar las ejecuciones del Poder Ejecutivo reñidas con la ley establecida.

Por otro lado el caso Sun Land reveló a una cúpula partidaria que dispuso todo para tener un poder judicial dependiente de sus intereses y decisiones; Leonel Fernández y Félix Bautista manejaron y dispusieron según quisieron y dispusieron la creación y la composición de las llamadas Altas Cortes.

De hecho, según revela Jaime Aristy Leonel Fernández y Félix Bautista le habrían prometido la permanencia en el cargo al presidente y a algunos jueces de los jueces de la Suprema Corte de justicia, a cambio de que no declararan como institucional el contrato con la Sun Land, tal como habían solicitado el Partido Revolucionario Dominicano el Foro Social Alternativo.

Se dice que a Subero Isa se le habría prometido permanecer en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y que al vice-presidente, Luciano Pichardo, se le había propuesto la presidencia del tribunal Constitucional.

La Suprema Corte declaró como inconstitucional el contrato de préstamo con la Sun Land, el 18 de diciembre del 2008, pero señaló que solo los presidentes de las cámaras de diputados y de los senadores podían presentar la querella contra los responsables del hecho del contrato doloso con el consorcio extranjero. Dicha “jurisprudencia” entra en contradicción con elartículo 85 del Código Procesal Penal que señala que cualquier ciudadano se puede querellar contra un funcionario corrupto.

Jorge Subero Isa diría el 28 de abril del 2013 que la decisión tomada en el caso de la Sun Land, fue “política”; esto quiere decir que la Suprema Corte –con la excepción del voto disidente de dos juezas y un juez- actuó así motivada por presiones que vinieron desde el poder estatal, orientadas a mantener en la impunidad a los dos nuevos representantes de la neo-monarquía dominicana.

Sabían que en el tema estaban envueltos dos personales poderosos: Leonel Fernández, entonces presidente de la República, y Félix Bautista quien, con dinero proveniente del manejo poco transparente de casos como el de la Sun Land,–en los años 2007-2008-se convirtió en uno de los principales sostenedores económicos de la campaña por la permanencia de Leonel Fernández en el poder.

Es importante destacar la opinión disidente de las magistradas Ana R. Bergés Dreyfous, Eglys M. Esmurdoc Catellanos y del magistrado Julio Aníbal Suárez Dubernay, que votaron en contra de la decisión de la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Estos pagaron, sin embargo, su coherencia con la separación del cargo, cuando en el 2012 se eligieron los jueces de las Altas Cortes y con una falsa acusación por parte de un Consejo de la Magistratura manejado por Leonel Fernández, Félix Bautista y la corporación peledeista.

De hecho fueron acusados de que no habían actuado con “imparcialidad e independencia”. Lo curioso del caso es que en la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia solo fueron expresamente excluidos, quienes votaron de forma disidente por el caso del contrato de la Sund Land.

Leonel Fernández, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, entre otros peledeistas, fueron acusados ´públicamente en New York de ladrones, de usurpadores de la cosa pública. Y aunque ha habido opiniones diversas sobre las causas que provocaron tal acción, considero que dicha acción fue una expresión de la indignación popular ante un grupo que ha desfalcado impunemente las bienes del Estado, que ha endeudado al país hasta unos niveles límites, que provocó un déficit fiscal de más de 200 mil pesos en el 2012 para mantenerse en el poder y que se ha convertido en una asociación de malhechores enquistados en el poder.

El cinismo de la corporación (PLD-PRD-PRSC-FNP) ha llegado hasta el extremo de que un comité intermedio del PLD en New York afirmó que las protestas realizada en contra del presidente de la organización, Leonel Fernández y compartes, “no fue contra el ex presidente del partido, sino contra el gobierno, el PLD y su fundador, el profesor Juan Bosch”.

En esa misma línea de idea Félix Bautista se ha atrevido a decir recientemente que si Juan Bosch viviera estaría orgulloso de él, porque él siempre da la cara. Esto sería lo que en el ambiente religioso se llama “un sacrilegio”; es decir, una aberración, una profanación de la memoria del profesor Bosch.

Se impone un pacto social entre todos los actores que luchan contra la corrupción y defienden el uso transparente de la cosa pública; en ese pacto la prensa crítica –la que no ha podido ser comprada por el oficialismo o por los grandes grupos económicos- sigue teniendo un papel indispensable.

Entre éstos podríamos destacar a los diarios digitales como Acento y 7 Días. Se hace urgente, además, la articulación de las organizaciones que luchan en contra de la corrupción. Entre éstas es necesario destacar aquellas que tienen la capacidad para sostener los procesos legales contra la corrupción en los tribunales del país.

Para concluir es bueno recordar el sueño utópico del profesor juan Bosch: “Los dominicanos sabemos muy bien que ningún peledeista se hará rico con fondos públicos, si llegamos al poder”. Pero la realidad se ha impuesto; ha dicho otra cosa. Por eso la larga lucha contra la corrupción y el cinismo de la actual clase económico-partidaria apenas comienza.

Se necesitan mentes lúcidas, corazones resistentes, y voluntades decididas a articular fuerzas y sectores sociales para gestar un proyecto político alternativo que sea capaz de desplazar a la corporación (PLD-PRD-PRSC-FNP), que tenga ética, principios y valores solidarios y que priorice el bien común –la Política con mayúscula-,en el marco de la construcción del paradigma de la Vida Digna.