La discusión sobre la aprobación en el país de las 3 causales del aborto cada vez cobra un matiz más intenso. La Cámara de Diputados entró ayer en sesión permanente para discutir la pertinencia de tratar el tema junto al Código Penal, luego de que lo recomendara el comité de justicia del Poder Ejecutivo.
Mientras que las activistas a favor de la aprobación de las excepciones del aborto seguían apostadas frente al Palacio Nacional, y dejaron claro que no están de acuerdo con la creación de un referendo para determinar si las causales deben ser aprobadas porque, “los derechos humanos no pueden ser sometidos a referéndum”.
También la Iglesia Católica se opone a que se decida este tema a través del referendo, basándose en que “la Constitución dominicana consagra la vida y su respeto desde la concepción hasta la muerte y que ninguna ley está por encima de la Carta Magna”.
El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, y varias entidades religiosas fueron quienes sentaron el martes la idea de que el tema se decida mediante referendo.
No obstante, el reverendo Mario de la Cruz Campusano dijo que “no es cuestión de referendo. Ninguna ley está por encima de la Constitución y cualquier ley que se apruebe en contra de una ley constitucional es inconstitucional”.
En tanto que la feminista, Sergia Galván, se mostró en desacuerdo con la idea del referendo, “el Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos, de promoverlos, de garantizarlos y de asegurar que se cumplan. Ese es el límite de los derechos humanos”.
Sostuvo que las 3 causales del aborto forman parte de los derechos humanos y agregó que sería desafortunado hacer el intento del plebiscito “que no va a funcionar porque el país forma parte de la Comunidad Internacional de los Derechos Humanos”.
Al campamento que montaron las activistas hace 7 días frente al Palacio Nacional, asistió en respaldo de la causa la alcaldesa de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, quien también se expresó contra un plebiscito para decidir el tema.
“Esto es un tema de derechos fundamentales que el Estado dominicano está en todo el deber de garantizar y es por eso que el ejecutivo dio el visto bueno para que la discusión sea incluida en el Código Penal y ahora estamos apelando a que los congresistas asuman su compromiso porque no es un tema de un año sino de 20 años”, declaró la alcaldesa.
Monseñor de la CruzCampusano manifestó su opinión desde el Arzobispado de Santo Domingo, durante una rueda de prensa para anunciar el inicio del “año de la familia” que se extenderá desde el 19 de marzo hasta junio del año 2022.
Durante ese período la iglesia concientizará sobre la importancia de la familia como célula de la sociedad y presionará al Estado para que garantice viviendas de bajo costo, mejor educación y salud para las familias, entre otras necesidades que adolece la sociedad.
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