“Dejar a familias sin agua es un atentado contra la salud y la dignidad humana”

Editorial

Recordando la carta magna de la Republica Dominicana

Este miércoles una brigada de empleados de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAASD, en la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, dejaron a cientos de ciudadanos sin el preciado liquito, sin previa notificación, violando los artículos de la constitución dominicana, 37, 38 y 61 que cita que el Estado tiene que ser garante de la vida, la salud y dignidad humana.

En adición la sentencia del tribunal constitucional evacuada el 8 de octubre del año 2017, donde cita que a ningún ciudadano, se le puede negar el liquito que es vital para vivir, además veamos que dice la carta sustantiva:

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte. Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Artículo 61 Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: 1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran; 2) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.

Esperamos que dicha práctica que afecta la seguridad jurídica del país, sea eliminada de esta institución pública, ya que atenga contra las buenas practicas del Estado Dominicano, y del Gobierno que actualmente dirige el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, donde ha mostrado, estar sumergido en la eficiencia, y en la equipad y garantías de los derechos fundamentales de todos los nacionales y extranjeros que transitan o residen en la nación.